El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se promulgó con el objetivo de contribuir a paliar el impacto económico provocado por dicha pandemia, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más afectadas.

Sin embargo, en esta norma no se contempla ninguna medida aplicable a las clínicas dentales. Por este motivo, Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, ha enviado sendas cartas a Verónica Martínez Barbero, directora general de Trabajo, y a Andrés Harto Martínez, director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, para trasladarles “la situación de indefensión y desasosiego” que están sufriendo los dentistas en España al no haberse decretado el cierre temporal de clínicas dentales. Esto, asegura el Dr. Castro, les impide acogerse a los ERTE y exenciones fiscales para autónomos, “con el consiguiente grave perjuicio económico que ello puede suponer”.

No obstante, el Consejo General de Dentistas informa en un comunicado que, recientemente, ha tenido conocimiento de que la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León está resolviendo favorablemente los expedientes de ERTE presentados por los dentistas, basándose en el cese de actividad por causa mayor al no disponer del material y equipos de protección individual precisos para la seguridad que requiere su actividad clínica.

En este sentido, y conforme a la situación tan vulnerable en la que se encuentra el colectivo de dentistas, desde la organización colegial han solicitado que “este criterio se aplique de forma generalizada en todas las delegaciones territoriales del Estado”, explica el presidente del Consejo General de Dentistas de España.

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